Vocera del
partido ecológico señaló que zona sur de Anzoátegui y áreas rurales de
Barcelona han sido las más afectadas por los fugas de petróleo en la región
Nota ecológica-. Ante el
más reciente derrame de crudo acontecido en las adyacencias de la población
Piedra Redonda en la parroquia Caigua de Barcelona la secretaria general del
Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev) en Anzoátegui, Naylet Villalobos, señaló
que este es una demostración más de la “incapacidad de Pdvsa”.
Las constantes fugas de petróleo en
los municipios Bolívar, Freites, Guanipa, Miranda, Monagas e Independencia, son
evidencias permanente de la carencia de pericia de la empresa estatal para
manejar políticas de seguridad ambiental, aseveró.
Villalobos manifestó que la entidad
se encuentra en un “riesgo constante” debido a las innumerables fallas en el
manejo del crudo por parte del Holding Estatal.
“El Estado venezolano es el principal
agente de contaminación que existen en Venezuela. A través del mal manejo de la
industria petrolera se han cometido varios ecocidios en varios puntos del país,
empresas gubernamentales como la cementera de Guanta es otra de los factores de
generan alteraciones del ambiente”, añadió.
La eco-dirigente además recordó que
las instituciones del Estado venezolanos han emprendido desarrollos, como
edificación de galpones, vías de comunicación y demás en detrimento de la flora
y la fauna, sin que “exista una repuesta ante los crímenes cometido contra la
naturaleza”.
Acotó que el “aniquilamiento
ambiental” que diariamente lleva adelante el Gobierno es “parte del envenenamiento
que desde Miraflores están desarrollando para atentar contra la salud y la vida
de los venezolanos”.
Sostuvo que ante los daños
ecológicos que el Estado ha realizado,
motivados por la falta de pericia e interés ambiental del Gobierno, se debe exigirle
a las instituciones oficiales soluciones y una política de resarcimiento de los
pasivos ecológicos que han incentivado.
Propuso la creación de una
plataforma contralora ambiental que la integren los movimientos
pro-ambientalistas, la ciudadanía organizada y representantes del Ministerio
Público, en concreto de los fiscales ambientales.